El Economista
Agosto - Septiembre 2018
• 81
L
a complicada situación de
las finanzas públicas de
Costa Rica, una proble-
mática que el país ha ve-
nido arrastrando desde
hace largo tiempo, compromete ya
seriamente otras variables claves de su
economía, lo que podría afectar su
desempeño y la generación de empleo
en los próximos años.
Con un déficit que supera el 7 % del
Producto Interno Bruto y una deuda del
gobierno central de casi 54 %, el Banco
Central (BCCR) proyecta que este año
la producción tendrá un crecimiento
tímido, de alrededor del 3 %, y que el
desempleo superará el 10 %.
A lo anterior se añadiría una in-
flación un poco más alta —aunque to-
davía dentro de las metas de las au-
toridades monetarias—, una menor in-
versión extranjera directa con respecto
al año anterior y un bajo crecimiento del
crédito, tanto por la expectativa de tasas
más altas como por la incertidumbre
que muestran empresas y consumi-
dores para endeudarse.
Esas cifras, ofrecidas por el BCCR, no
toman en cuenta, desde luego, los efec-
tos que podría tener la reforma fiscal
propuesta por el nuevo gobierno, pre-
sidido por Carlos Alvarado, y con la que
se pretende aliviar las cuentas públicas,
reduciendo el déficit en un 1.5%del PIB
en el primer año.
En Costa Rica, las alertas fiscales no
son nuevas. Estas han estado activas
desde hace varios años, pero los actores
políticos han preferido eludir el pro-
blema, dado lo impopular que resulta
impulsar una reforma que impliquemás
impuestos para los contribuyentes.
Los avances en este tema han sido
escasos, a pesar incluso de la amenaza
de una degradación de la nota de la
deuda, por parte de las agencias ca-
lificadoras de riesgo, en caso de no
tomar medidas para corregir el déficit.
En enero pasado, de hecho, Fitch la
redujo desde BB+ a BB con perspectiva
negativa, ante la incapacidad del go-
bierno para aprobar la reforma fiscal.
Tres meses después, en abril, luego
del triunfo de Alvarado, la misma agen-
cia emitió un informe en el que muestra
su preocupación por los desafíos políticos que enfrentaría la
nueva administración.
“Los costarricenses no nos caracterizamos por tener buenos
antecedentes positivos aprobando reformas fiscales. Las au-
toridades tienen muy clara la situación y el Ejecutivo está
haciendo los esfuerzos, pero no depende de ellos el tema”,
comenta Erick Campos, director de Fitch Costa Rica.
El tiempoencontra
El ejecutivo de la agencia parece tener razón. El debate de la
reforma, que contempla entre otras cosas, la creación de un
Impuesto al Valor Agregado de 13 %, se ha convertido en un
complejo escenario de posiciones encontradas donde cuesta
vislumbrar una salida. Con el agravante de que el país tiene el
tiempo en contra.
Mientras el gobierno insiste en la necesidad de aumentar los
ingresos por medio del cobro de más impuestos, los opositores
reclaman que las autoridades han hecho muy poco por
contener el gasto que se incrementó en los últimos años.
De hecho, la brecha para cubrir el presupuesto de este año
alcanzó un total de 900,000 millones de
colones (unos $1,600millones), un déficit
del que se culpa al gobierno del anterior
presidente, Luis Guillermo Solís, quien
dejó el cargo en mayo.
Algunos expertos consideran que, pa-
ra evitar que se desate una crisis fi-
nanciera de consecuencias similares a la
depresión económica que sufrió el país a
inicios de la década de los ochenta, es
imperativo que la reforma esté aprobada
antes de finales del año. Otros son más
cautos, pero reconocen que el panorama
se complica cada día más.
“Creo que es urgente aprobar una reforma que incluya tanto
una mejora de los ingresos como disminución de los gastos.
Hace cuatro años teníamos tasas de interés por el suelo y
precios del petróleomuy bajos, en cambio hoy es distinto, tanto
las tasas internacionales como el precio del crudo están
subiendo”, opina la economista Shirley Saborío.
De acuerdo con la consultora, si no se aprueba la reforma
este año, como se espera, la economía tendría que ajustarse por
medio de la vía monetaria, a través del alza del tipo de cambio
y las tasas de interés locales; algo que tendría un impacto fuerte
en la economía real y que se vería en unmayor desempleo y una
caída del consumo.
Varias encuestas empresariales muestran incluso ya que
los niveles de contratación se han estancado, al tiempo que el
crédito de las entidades bancarias está llegando a niveles de
crecimiento del 7 % en colones y de menos del 1 % en
dólares.
“Nadie está tomando decisiones en el largo plazo debido a la
incertidumbre en el panorama económico, mientras que las
personas asalariadas consumen menos porque no saben si van
a continuar con sus empleos”, añade Saborío.
“Los
costarricenses
nonos carac-
terizamos
por tener
antecedentes
positivos
aprobando
reformas
scales. Las
autoridades
tienenmuy
clara la
situación”.
ERICKCAMPOS,
director de FitchCosta
Rica
“Nadie está
tomando
decisiones en
el largoplazo
debido a la
incertidumbre,
mientras que
las personas
asalariadas
consumen
menos
porqueno
saben si vana
continuar con
sus empleos”.
SHIRLEYSABORÍO,
economista
3%
creceríael Producto
InternoBrutode
CostaRicaen2018.
$1,600mill
fue labrechapara
cubrir el presupues-
todeesteaño.
