El Economista
Agosto - Septiembre 2018
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Asimismo “nos han invadido 341
manzanas que son de aguacate, que
están siendo comercializados por los
tomatierras; además de 270 manzanas
de vocación ganadera y de minería
artesanal, que igualmente están siendo
saqueadas”, detalla.
Aparte de eso los invasores entraron
a 28 manzanas que el grupo alquilaba a
Chimaco, una inversión suiza que pro-
yectaba generar 1,540 empleos y $187
millones en exportaciones de concen-
trados de maracuyá, puré de banano y
pulpa de guayaba a Europa.
A las que se añaden 10 manzanas
que estaban destinadas para la cons-
trucción de viviendas de interés social
y a una clínica médica para brindar
atención gratuita a niños de la zona.
Los tomatierras
“Hemos interpuesto la denuncia en la
Policía de Chinandega, y hemos in-
troducido
amparos
judiciales, pero no te-
nemos respuesta”, re-
lata Zúniga. En esa
misma situación está
el resto de producto-
res afectados.
Pero ¿por qué no
avanza el proceso? El
presidente de Upanic,
Michael Healy, ha de-
clarado que la inva-
sión es una “represión directa (del
gobierno del presidente Daniel Or-
tega) contra el sector privado porque
está unido con el pueblo, luchando por
democratización y justicia”.
Lo anterior lo respalda el Consejo
Superior de la Empresa Privada (Co-
sep), pues indica que las invasiones
son “para intimidar y reprimir de
forma directa al sector privado... vio-
lentando y usurpando el derecho a la
propiedad privada con la complacen-
cia de las autoridades del Gobierno y
policiales del país”.
Munguía subraya que a la fecha hay
dos tipos de invasores de la propiedad
privada local: unos son los que llegan
masivamente con la intención de lo-
tificar, ponen champas en el terreno y
hasta banderas del FSLN, el partido en
el poder; y los otros son los enca-
puchados armados.
Esos últimos llegan en camionetas y
ocupan la propiedad, al igual que los
primeros; expulsan agresivamente a
quienes las resguardan; van organizados
y bien coordinados, y las tierras que
ocupan tienen más valor porque cuen-
tan con construcciones, insumos y cul-
tivos. “Los que predominan actualmen-
te son los encapuchados armados”, rei-
tera Munguía.
El director ejecutivo de la Cámara de
Comercio Americana de Nicaragua
(Amcham), Eduardo García Montene-
gro, manifiesta que la invasión afecta
muchísimo la imagen país porque que-
da en evidencia la inseguridad jurídica.
“Hemos insistido en que no se debe
seguir intimidando a la empresa privada
con acciones como estas y hemos re-
chazado el irrespeto a la propiedad
privada”, señala.
Se estima que más del 80 % de las
tierras tomadas son productivas, lo que
además pone en riesgo la seguridad
alimentaria y empleos del sector agrí-
cola, indica Montenegro.
García precisa que actualmente lle-
van un control de la situación porque
varios de sus socios están afectados.
El secretario de la Comisión In-
teramericana de Derechos Humanos
(CIDH), Paulo Abrao, ha expuesto que
en Nicaragua se evidencia una diver-
sificación de las formas de represión,
que además de los secuestros e invasión
de casas, incluye la toma de tierras.
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Losempresariostemenpor laseguridadalimen-
taria y los empleos del sector agrícola.
EL ECONOMISTA/CORTESÍA
“(La invasión) afectamuchísimo la
imagenpaís, queda enevidencia la
inseguridad jurídica que actualmente
existe enNicaragua... hemos insistido en
que no se debe seguir intimidando a la
empresa privada conacciones como
estas yhemos rechazado el irrespeto a la
propiedadprivada”.
EDUARDOGARCÍAMONTENEGRO,
director ejecutivo de la
Cámara de ComercioAmericana deNicaragua (Amcham)
