Basic HTML Version
La ley otorga al Ministerio de Cien-
cia y Tecnología (MICIT) la rectoría del
Sistema Nacional de Certificación Di-
gital, la cual también administra, su-
pervisa y autoriza la operación de otros
certificadores.
Sin embargo, según la socia abogada
de Arias & Muñoz en Costa Rica,
Alejandra Castro, las reglas para in-
corporar otras entidades certificadoras
privadas no son claras aún. Como con-
secuencia, explica que al ser el Banco
Central el emisor de certificados di-
gitales, la orientación al sector finan-
ciero ha sido notoria y por ende el
mercado privado no se ha dinamizado.
Actualmente existen más de 15,000
personas que utilizan la firma elec-
trónica en Costa Rica, la cual tiene
aplicaciones en el sector público y
privado (en procesos tales como com-
pras públicas, administración pública
tributaria, entre otros).
Castro señala que el texto de la ley
tiene una serie de vacíos y contra-
dicciones que deben corregirse. “Es-
tamos lejos de contar con un sistema de
cobertura universal”, señaló.
La abogada sugiere que el siguiente
paso es definir los mecanismos por los
cuales la empresa privada podría sacar
mayor provecho de la firma electrónica
y sensibilizar a la sociedad civil para que
haga uso de esta en todos sus procesos
de gestión con el Estado.
En Guatemala, la Ley para el Re-
conocimiento de las Comunicaciones
y Firmas Electrónicas se aprobó en el
año 2008.
Según la directora ejecutiva del Re-
gistro de Prestadores de Servicios de
Certificación del Ministerio de Eco-
nomía, Skarlette Anthone, se espera
que el registro, autorización e inscrip-
ción de empresas certificadoras inicie
este año, cuando se cuente con el
primer prestador de
servicios. La entidad
prevé que se inscriban
alrededor de tres em-
presas en los próxi-
mos años.
El primer prestador de servicios de
certificación en ese país es la Cámara
de Comercio de Guatemala, quien de-
sarrolla un proyecto con el apoyo del
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) a través del Fondo Multilateral
de Inversiones (FOMIN).
Anthone señala que la ley ha pro-
vocado un cambio de cultura, y agrega
que con el acelerado avance de la
tecnología, el Congreso guatemalteco
está trabajando en una ley sobre el
cibercrimen.
Mientras tanto, El Salvador pule su
borrador de anteproyecto para pre-
sentarlo a la Asamblea Legislativa.
De esta manera, los países del istmo
avanzan para embarcarse a una era
digital dentro de un marco legal para
garantizar una certeza jurídica.
•
“La falta de esta ley (enEl Salvador)
nos deja atrasados.”
JULIOVARGAS,
asociado senior del bufeteGarcía&Bodan
El Economista
www.eleconomista.net
Enero - Febrero 2012
• 71