El Economista
Septiembre - Octubre 2017
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Las proyecciones del Ministerio de
Hacienda salvadoreño sitúan anual-
mente entre los $1,000 millones el pago
de amortizaciones e intereses, entre
2017 y 2018. En 2019 se agregará un
ingrediente extra: el vencimiento de
$800 millones en Eurobonos 2019 y una
opción ‘put’ de $286.5 millones que
deberá pagar a los inversionistas que
deseen una redención anticipada de los
Eurobonos 2034.
Este país, asiduo colocador en la
Bolsa de Luxemburgo, encara una si-
tuación incómoda: con una nota de
triple C por parte de las agencias de
riesgo se le di culta conseguir los re-
cursos que necesita para repagar la
deuda.
¿Cómo solucionarlo? “Solo ponién-
donos de acuerdo”, responde Carlos
Cáceres, ministro de Hacienda. El fun-
cionario viene proponiendo buscar des-
de hoy un entendimiento que establezca
los recursos para cumplir con los com-
promisos del inicio de la próxima dé-
cada, incluyendo una reforma del sis-
tema de pensiones.
“Dadas las condiciones de la baja
cali cación de riesgo país se necesita
buscar préstamos de apoyo presupues-
tario del Banco Mundial y del BID; y
para ello se requiere como prerrequisito
un acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, porque las fuentes de
nanciamiento interno no van a al-
canzar para cubrir esas obligaciones
extraordinarias”, evalúa por su lado el
analista y expresidente del Banco Cen-
tral de Reserva de El Salvador Mauricio
Choussy.
En Costa Rica, el panorama “bo-
nista” exterior está detenido desde 2015, cuando se interrumpió
un programa de colocaciones de $1,000 millones anuales. Ante
esto, el endeudamiento interno en moneda local se ha in-
crementado, presionando hacia arriba las tasas de interés y
provocando devaluación del colón, analiza Douglas Montero,
director de Aldesa Fondos de Inversión.
“Casi la mitad del presupuesto nacional se va a nanciar con
deuda. Las tasas de interés van a tener que subir y eso se va a
traducir en que va a salir más caro pagar la deuda”, advierte el
analista de Aldesa.
Las cercanías de las elecciones presidenciales en febrero de
2018 y una Ley de Responsabilidad Fiscal que, a juicio de
Montero, es permisiva con el crecimiento en los gastos
complican el panorama.
Según este analista, Costa Rica necesita llegar a acuerdos
para mejorar su per l de endeudamiento por instrumentos
internacionales de largo plazo.
“Veamos el caso de Guatemala, que a principios de este año
emitió $500 millones y tuvo una demanda de cuatro veces la
oferta, y era deuda a 10 años, a tasa ja de 4.37 %; y en Costa
Rica estamos emitiendo colones a una tasa ja del 10 % a 10
años”, contrastó.
Abelardo Medina, encargado del área macro scal del Ins-
tituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), con-
sidera imperativo volver sostenible el endeudamiento a través
del apalancamiento de las capacidades productivas.
“Costa Rica, Nicaragua y El Salvador han utilizado el
endeudamiento para potenciar el nivel de vida de su gente, pero
eso no puede mantenerse en el largo plazo a menos que suba la
producción, y los niveles de crecimiento de esos países no han
sido tan dinámicos como los de Panamá”, señala.
Aparte de la necesidad de urgentes acuerdos scales en
Costa Rica y El Salvador, Medina destaca que se debe vigilar el
caso nicaragüense, que a pesar de tener “la estabilidad más
grande de la región” podría afrontar riesgos si cambia la
con guración política en Venezuela.
“Nicaragua tiene una deuda cercana al 30 %, pero si hubiese
un cambio de línea de gobierno de Venezuela, si ya decidieran
ya no darle tratamiento preferencial a Nicaragua y le exigiera el
pago de lo que se debe, la deuda de Nicaragua escalaría a cerca
del 80 % del PIB”, estima Medina.
•
“Se requiere
como
prerrequisito
unacuerdo
conel Fondo
Monetario
Internacional,
porque las
fuentes de
financiamien-
to internono
vana
alcanzar para
cubrir esas
obligaciones
extraordina-
rias”.
MAURICIOCHOUSSY,
expresidente del
BancoCentral de
Reserva de El Salvador
