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La virulenciade los desastres
naturales enCentroamérica
plantea lanecesidaddeun se-
gurodedesastres para infraes-
tructura clave que agilice la
reconstrucción.
E
n el abrazo de Año Nuevo
los centroamericanos se
desean dicha y prosperi-
dad, pero cada vez es más
certero que el año venidero
traerá desgracia, luto y pérdidas para las
familias que sufrirán por las catástrofes
naturales.
Huracanes, erupciones volcánicas y
terremotos han arremetido contra Cen-
troamérica históricamente, pero el aba-
nico de peligros se va extendiendo. En
octubre pasado, bastó que un temporal
de lluvias se instalara más de 10 días en
el istmo para provocar serios daños
desde Guatemala hasta Nicaragua.
El seguro contra desastres naturales es
una opción que el sector asegurador
propone como una herramienta para
acelerar las reconstrucciones, optimizar la
inversión estatal en este proceso y aten-
der a los grupos más vulnerables, sobre
todo cuando los golpes son excesivos.
El caso guatemalteco ilustra los ma-
labares que deben hacer los gobiernos de
la región para levantarse de un desastre.
El país recibió una doble bofetada en
mayo de 2010, con la erupción del volcán
Pacaya y la tormenta Agatha.
Estimaciones de la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe
(CEPAL) cuentan los daños y pérdidas
por ambos eventos en $982 millones,
equivalentes a 2.2% del Producto In-
terno Bruto (PIB). El 69.7% del impacto
recayó sobre el sector público.
En los meses siguientes, un bloqueo
político en el Congreso le impidió a
Álvaro Colom obtener más préstamos
internacionales para financiar parte de
la reconstrucción. Al final, su gobierno
acudió a los mercados de capital para
captar bonos del tesoro.
Año y medio después, la depresión
tropical 12-E golpeó duramente a Gua-
temala, con pérdidas de $342 millones.
Incluso, se abrió un debate sobre si el
Gobierno debía proceder a reconstruir
la nueva emergencia o los estragos
remanentes de 2010.
“El nivel de ingresos es tan bajo que
es insuficiente para enfrentar los de-
safíos estructurales como problemas de
falta de educación, malos sistemas de
salud y a eso hay que cargarle el desafío
del calentamiento global. Nos encon-
tramos como Estados débiles e in-
capaces de hacerle frente de manera
efectiva a la reconstrucción”, plantea
Jonathan Menkos, economista senior
del Instituto Centroamericano de Es-
tudios Fiscales (ICEFI).
En la región, los daños por la tor-
menta 12-E suman $1,968 millones,
indica un reporte de la CEPAL.
Solo para El Sal-
vador, el temporal de
10 días redujo las pre-
visiones
de
creci-
miento económico en
2011 de 2.1% iniciales
a 1.4%; es decir, 0.7%
del PIB. Además, subió la previsión de
inflación de 6.8% a 8% el próximo año.
¿Un seguro contra desastres natu-
rales sobre la infraestructura pública
sería una solución viable?
Los países emergentes están comen-
zando a aplicar el sistema, pero todavía
son pocos los decididos.
En México, por ejemplo, el Gobierno
federal contrató a mediados de 2011 un
seguro anual por más de $400 millones
para proteger la infraestructura pública
y viviendas.
El titánico esfuerzo del Ejecutivo
mexicano en asumir la prima tiene
sentido cuando viene al recuerdo que en
2010 el país sufrió $7,000 millones en
daños, sobre todo por los ciclones Alex,
Karl y Matthew.
En el Caribe, República Dominicana
Los terremotos de 2001 generaron a El Salvador una factura de $1,603.8millones y desastre nacional.
El Economista
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Enero - Febrero 2012
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“En elmomentoque se asegura la
infraestructura, la calidadde la obra
esmejor porque cumple ciertos
parámetros.”
RAÚLAGUILAR,
presidente deAGIS