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l Gobierno de Costa Rica ha
emprendido una agresiva
modernización de su sector
portuario ubicado en su
costa Atlántica. Por un lado,
a principios de este año concesionó a la
multinacional danesa APM Terminals la
construcción y operación de un nuevo
puerto de contenedores. Por otro, se
comprometió a modernizar la infraes-
tructura existente en puerto Moín, es-
perando hacer de este la terminal más
eficiente del Caribe en términos de
capacidad y calidad a partir de 2016, y
situarse, de esa forma, entre los pri-
meros 20 del mundo.
Así presentó el proyecto el jerarca del
Ministerio de Obras Públicas y Trans-
portes (MOPT), Francisco Jiménez, des-
pués de la firma de la adjudicación, a
principios de marzo pasado.
Actualmente, en la ciudad de Limón
hay dos muelles que operan carga mixta:
el de Moín y el de Limón. El grueso del
puerto (85%), sin embargo, se ubica en el
primero de estos puntos. Dicha ter-
minal, que es la única salida al Atlántico
de Costa Rica, maneja no solo más del
75% del volumen de carga destinada a
los mercados de Estados Unidos y la
Unión Europea, sino que tiene también
un impacto nada despreciable en sec-
tores como el de turismo de cruceros y el
ecoturismo.
A pesar de su importancia, su evi-
dente congestión, producto de un nú-
mero insuficiente de atracaderos y una
capacidad limitada de bodegaje para los
contenedores, ha sido uno de sus prin-
cipales problemas, un fenómeno que se
ha visto reflejado, por ejemplo, en el ranking de infraestructura
portuaria del Foro Económico Mundial, donde Costa Rica se
ubica en el lugar 133.
Las proyecciones oficiales estiman que el costo de la nueva
terminal de contenedores, que estará situada precisamente en
Moín, rondará los $948 millones. De ese total, $648 co-
rresponderían a la inversión en obra y equipo para los primeros
tres años y los $300 millones extra se repartirían en el plazo de
concesión restante que tiene una duración de 33 años. Al cabo
de ese período, la terminal pasaría a manos del Estado.
Según Jimenez, el nuevo puerto empezaría a operar en 2016
y podría recibir buques con capacidad de carga de hasta 9,000
contenedores. Una cifra que contrasta con la actual capacidad
que solo permite recibir barcos con 1,200 contenedores.
Con todo, el proyecto no ha sido recibido con beneplácito por
todos los sectores. Al anunciar la adjudicación, la Cámara
Nacional de Bananeros de Costa Rica demandó judicialmente al
Estado, solicitando que se anule la concesión, por considerar
que el futuro servicio portuario de APM tendrá un costo 130%
mayor que el que ahora presta la Junta de Administración
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica
de Costa Rica (JAPDEVA), la empresa estatal que administra los
puertos caribeños de Moín y Limón. Los bananeros alegaron,
además, que la adjudicación se hizo sin tener los estudios
técnicos de factibilidad apropiados.
El titular del MOPT, empero, rechazó los argumentos de los
bananeros y aseguró que detrás de la demanda lo que se movían
eran los intereses de las empresas transnacionales que exportan
el banano costarricense.
La medida gubernamental fue criticada también por el
sindicato de trabajadores de la referida junta, que lejos de
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