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l verde olivo vuelve a apo-
derarse de las calles en
algunas ciudades del
Triángulo Norte de la re-
gión. Los soldados portan
fusiles al hombro y ahora patrullan las
calles para combatir la delincuencia.
Los militares están tomando el con-
trol de territorios dominados por las
pandillas y el crimen organizado en
Guatemala, El Salvador y Honduras. O
al menos eso intentan, en colaboración
con las fuerzas policiales civiles que no
han dado el ancho en esa tarea.
Centroamérica está en un franco
proceso de remilitarización y reclu-
tamiento, y aunque el tema resulta ser
polémico no cesa, igual que no se de-
tiene el narcotráfico.
Las fuerzas armadas están aumen-
tando su gasto. Un reporte anual del
Instituto Internacional de Estudios pa-
ra la Paz de Estocolmo (SIPRI) indica
que Centroamérica y el Caribe des-
tinaron $6,500 millones hacia dicho
rubro el año pasado.
El incremento real a precios cons-
tantes es de 1.9%, por encima del 1.3%
de promedio mundial. El monto en
cambio corriente supera el 16%, ya que
SIPRI reporta un gasto militar de
$5,600 millones en 2009.
Con todo e incremento del gasto, el
combate al crimen organizado se perfila
como una lucha en desventaja, ante los
poderosos recursos financieros y las
acciones delictivas de los carteles de la
droga y las pandillas. Por ejemplo, a
septiembre, el número de homicidios
aumentó 2% en El Salvador, llegando a
los 12 diarios.
El general David Mungía Payés, mi-
nistro de Defensa de El Salvador, evita
calificar de fracaso la gestión. A su
juicio, el incremento de los asesinatos
sería mayor sin la participación del
Ejército.
En octubre se cumplen dos años
desde que el presidente Mauricio Fu-
nes echó mano de la Fuerza Armada
para efectuar tareas de seguridad pú-
blica. Pero en este tiempo, los pan-
dilleros ya aprendieron a “convivir”
con los soldados para continuar de-
linquiendo en otras zonas del país,
aprovechando los vacíos legales.
Los militares tienen restricciones
para operar en determinadas áreas. In-
cluso la famosa Ley de Proscripción de
Pandillas establece una serie de 26
elementos probatorios que requieren de
una exhaustiva investigación para ju-
dicializar los casos, lo que provoca in-
cidentes embarazosos.
“Hay jóvenes que se levantan a las 12
del mediodía y se desaparecen de las
colonias 10, 12 días, o algunos regresan
hasta demadrugada. Sabemos que andan
en malos pasos, la gente nos dice que
están implicados en los crímenes, pero
no hay denuncia formal para llevarlos a
los tribunales”, dice Munguía Payés.
En El Salvador, el Ejército realiza
cuatro tareas básicas: patrullajes con-
juntos con la Policía Nacional Civil
(PNC), vigilancia nacional, fronteriza y
el control parcial de centros penales, a
un costo de $43 millones anuales.
El Ejército ha reforzado su número
de efectivos, desde los 12,000 que exis-
tían en 2009 a 19,800. Todo para con-
trolar el flagelo del crimen organizado y
las pandillas que, según las estima-
ciones de la Fuerza Armada salvado-
reña, exceden las 40,000 personas, en-
tre cabecillas, “soldados” —como suelen
llamar a los pandilleros operativos— y
familiares que, de alguna u otra forma,
cooperan con la logística.
¿Se necesitan entonces más pode-
res? El alto mando matiza que no es la
intención de la Fuerza Armada solicitar
más facultades, sino actuar en el marco
de los consensos logrados en el Consejo
Nacional de Seguridad Pública.
Munguía Payés plantea que el Ejér-
cito jugará su rol, pero se trata de un
problema más complejo que pasa por la
prevención, la investigación y la ju-
dicialización de los casos.
En Honduras y Guatemala también
impulsan planes militares para socavar
al crimen organizado.
En Honduras, el Ejército se incor-
poró a las tareas desde julio debido a la
ineficacia de la policía para detener al
crimen organizado, que opera sobre
todo en la zona norte y este del país.
En septiembre, el presidente Porfirio
Lobo cambió al ministro de Seguridad,
Óscar Álvarez, luego de una polémica
sobre la infiltración del narcotráfico en
las fuerzas policiales. Este año, 36 po-
licías han sido enjuiciados y 124 están
en proceso de investigación interna.
Por su lado, Guatemala está en las
vísperas de volcarse en una guerra di-
recta contra el crimen organizado, si el
exgeneral Otto Pérez Molina, candidato
favorito para ganar la segunda vuelta el
6 de noviembre, gana los comicios.
“Mi gobierno será con mano dura.
Voy a combatir el crimen organizado y
toda la violencia con el Ejército”, dice
Pérez Molina, candidato del Partido
Patriota (PP).
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