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onduras sigue afinando estrategias para mo-
tivar a las grandes empresas nacionales e
internacionales a establecer sus capitales en su
territorio. El primer paso ha sido la socia-
lización de leyes que el Gobierno ha concebido
para hacer del país uno de los principales destinos de inversión
en Centroamérica.
Algunos especialistas consultados señalan que la Ley
del Régimen Regulador de las Asociaciones Público-Pri-
vadas (APP) es una de esas principales
herramientas por medio de las cuales
el Gobierno busca alcanzar dichos
objetivos.
Gloria Navarro, especialista en De-
recho Laboral y titular del Bufete Na-
varro y Asociados, expresa: “Con este
instrumento jurídico se pretende incen-
tivar la inversión privada dentro de las
acciones y programas de interés social a
ser ejecutados por el Estado”.
Bajo esa legislación, se busca que el
Estado sea socio y agente al cuidado de la inversión. Así, al
establecer una sociedad con términos legales definidos entre el
sector público y el privado puede lograrse un alto nivel de
monitoreo y transparencia en las empresas, así como negocios
que se establezcan en el país. Algo que, según Navarro, genera
mayor confianza a escala nacional e internacional.
Aún más, “con este esquema de inversión público-privada,
el Gobierno podrá captar mayor cantidad de impuestos sin
tener que establecer nuevas cargas impositivas”. La razón:
habrá más empresas en operación y
más personas con capacidad de com-
pra, a raíz de los nuevos empleos que
se generarán, señala.
De hecho, por medio de ello se
busca replicar la experiencia de la
Unión Europea, donde, en las dos
últimas décadas, se firmaron más de
1,400 contratos de inversiones pú-
blico-privadas, con un valor esti-
mado de más de 260,000 millones de
euros que no han tenido que salir de
la bolsa de los gobiernos ni de los
ciudadanos, y tampoco se han con-
vertido en deuda nacional, apunta la
profesional.
Otra ley que Sergio Rivera, es-
pecialista en Derecho Laboral y con-
sultor regional en esa área, señala
como importante es la Ley de Em-
pleo Temporal, que pretende servir
como un paliativo para hacerle frente
al desempleo que afecta al 46%de los
hondureños.
Un tercer marco normativo que
debe ser socializado para promover
el establecimiento de nuevos capi-
tales en el país es la Ley para la
Protección y Promoción de Inver-
siones. “La ley desarrolla aspectos