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a ley estadounidense deno-
minada como Foreign Ac-
count Tax Compliance Act
(FATCA), aprobada en 2010,
ha generado todo tipo de
cuestionamientos e incertidumbre al-
rededor del mundo, ante el temor de los
sectores financieros y no financieros de
perder negocios o incurrir en gastos
millonarios para cumplir con el convenio
que obliga a entregar información al
Servicio de Rentas Internas de Estados
Unidos (IRS, por sus siglas en inglés).
La referida legislación surgió como
una alternativa para financiar el costo
fiscal de otra ley —la Hiring Incentives
to Restore Employment (HIRE)—
aprobada ese mismo año en el país del
norte, que busca impulsar la creación
de empleos.
En pocas palabras, la FATCA es un
nuevo mecanismo de retención fiscal
que permitirá el pago de impuestos por
parte de residentes de Estados Unidos
con cuentas bancarias en el extranjero,
ya sea directamente o a través de una
entidad legal.
Por medio del nuevo marco, según
datos citados por Patrick W. Martin,
exfuncionario del Gobierno estadouni-
dense, también se busca obtener in-
formación respecto al flujo de capitales e
ingresos recibidos por residentes a través
de una entidad financiera extranjera.
Martin sostuvo que más allá de los
aspectos legales que implica la ley, Es-
tados Unidos busca aumentar su recaudación en unos $8,700
millones en 10 años, a razón de $870 millones anuales.
El experto, que analizó el tema en la reunión del Congreso
Latinoamericano de Derecho Financiero, admitió que el nuevo
marco legal es uno de los más complejos de los últimos años y
conlleva un fuerte impacto en los centros financieros mun-
diales. Un fenómeno que ha llevado a muchos expertos a
considerarla como una ley extraterritorial.
Martin recordó, sin embargo, que su país considera que
firmar el convenio para dar información al IRS es “voluntario”,
y que el hecho de que la retención del 30% cree un incentivo
para que las entidades financieras y no financieras celebren el
acuerdo reafirman, a juicio del Gobierno de Estados Unidos, que
el “FATCA no es una ley extraterritorial”.
Según Erika Litvak, del bufete Greenberg Traurig LLP de
Miami, el alcance de la legislación es amplio y las nuevas reglas
afectarían a casi todas las instituciones
financieras extranjeras.
El impacto de la nueva normativa se
haría sentir en bancos y entidades ex-
tranjeras no financieras que posean in-
versiones directas o indirectas en Estados
Unidos, o con accionistas o socios que sean
considerados contribuyentes fiscales en el
país norteamericano. Entre esos figuran
asesores financieros, compañías fiduciarias,
fideicomisos, planes de pensión, compañías de seguro, fondos de
inversiones y custodios, “sin perjuicio de que dichas entidades
no tengan oficinas en Estados Unidos, ni que activamente
comercialicen con clientes norteamericanos”, afirma Litvak.
La especialista agrega que dada la complejidad de la situación
es vital que todo el sistema conozca bien las nuevas reglas para
prepararse con antelación a la entrada en vigor, que en sus
primeras etapas se prevé para el 1º de enero de 2013.
La abogada analizó el tema durante la primera conferencia
STEP Latinoamérica que reunió en Panamá, entre otros, a
abogados y banqueros del continente, y de jurisdicciones en
donde se practica el derecho común anglosajón.
Un banquero panameño, quien pidió reserva de su nombre,
sostuvo que existe una gran incertidumbre ante las posibles
repercusiones de la ley, no solo por el temor a que se pierdan
negocios, sino también por las medidas que Estados Unidos
pudiera imponer contra las entidades que decidieran no firmar
el acuerdo.
Analistas también cuestionan, entre otras cosas, el hecho de
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