El Economista www.eleconomista.net Noviembre - Diciembre 2026 • 69 tuario Nacional. El Decreto 26-2024 asumió el 70% de las funciones operativas primarias, estabilizando la protección marítima y sacando a Guatemala de la lista de países de bajo cumplimiento en el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias (PBIP). Gracias a ello, el equipo de auditores pasó de 4 a 30 profesionales capacitados y el país asumió la presidencia del Comité Técnico de Protección Portuaria de las Américas. El Decreto 20-2026 completa el 30% restante, incorporando la política pública portuaria a 10 años, los contratos de explotación y la regulación de servicios portuarios especializados. Las ejecuciones operativas registradas en las principales terminales portuarias del país, evidencian con datos reales la modernización observada. Por el lado del Pacífico, Puerto Quetzal, redujo el tiempo de embarques de sacos de azúcar de 14 días a un rango de entre 5 y 6 días mediante el sistema de deslingado automático (desenganche automático). Pese a que el muelle comercial fue diseñado hace cuatro décadas para 1.2 millones de toneladas métricas (TM) al año, en el periodo reciente operó casi 9 millones de TM. un incremento del 800% sobre su capacidad nominal. Así mismo, la flota de remolcadores pasó de 5 a 7 unidades. Por el lado del Atlántico, Puerto Santo Tomás de Castilla, reporta utilidades de Q101.3 millones ($13.3 millones) en el ejercicio anterior y utilidades acumuladas de Q387.5 millones ($51 millones) al tercer trimestre del 2026. Adicionalmente, recuperó la calada de 7.4 metros a 10.5 metros de profundidad mediante dragado negociado y adicionó 5,500 metros cuadrados en el Patio 3A y 7,100 metros cuadrados en el Patio 4ª para manejo de contenedores y contenedores refrigerados. Diversificación de modelos de explotación La nueva legislación general clarifica el abanico de posibilidades para la inversión privada, alineando a Guatemala con estándares del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El modelo delinea con precisión las áreas inalienables del Estado (línea de costa y zona de mar) y permite esquemas flexibles sobre la tierra adyacente. Esta apertura legal habilita la creación de terminales especializadas para graneles, líquidos, cruceros o carga rodada, ampliando la visión tradicional del contenedor hacia un concepto diversificado de instalación portuaria. En el ámbito operativo, empresas de nivel global reafirman su confianza en el país. “Hoy en día, en APM Terminals recibimos como mínimo un barco al día… Nuestras grúas STS garantizan al menos 25 movimientos por hora… Estamos comprometidos a realizar la inversión de $400 millones para la ampliación de muelles y patios en Puerto Quetzal tan pronto se consolide el marco de la nueva ley”, afirma Carla Ramírez, directora de Asuntos Corporativos y Legal de APM Terminals Guatemala. Por otra parte, la perspectiva de la industria usuaria subraya la necesidad de acelerar la puesta en marcha de los órganos reguladores. “Una ley por sí sola no mueve tan solo un contenedor, lo que necesitamos es convertir la ley en obras, poner en marcha cuanto antes la Autoridad Portuaria Nacional con la voz de los usuarios y destrabar la inversión donde se debe, no donde solo se puede”, puntualiza Ramsés Lobo, gerente General de Chiquita Guatemala. Sin embargo, el consenso de las mesas de discusión coincide en que el puerto no termina en el agua. La implementación del Plan de Desarrollo Portuario con visión a 10, 20 y 30 años, vinculará la infraestructura marítima con el Anillo Regional C-50, los corredores de carga hacia México y la reactivación del sistema ferroviario. “El reto en este momento es cumplir con los tiempos de integración del Directorio de la Autoridad Portuaria Nacional y garantizar una transición ordenada que le dé total certeza jurídica a los contratos y a las licitaciones futuras”, indica Jorge Ayala, diputado presidente de la Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República. De acuerdo con lo expuesto sobre la situación portuaria a partir de la modernización del marco regulatorio, cuyo reglamento para su ejecución está en proceso, Guatemala se sitúa ante un punto de inflexión. Con 148 kilómetros de costa en el Atlántico y 254 kilómetros en el Pacífico, la entrada en vigencia de su nuevo marco portuario y la modernización tecnológica de sus recintos no sólo vendrían a resolver los embotellamientos del pasado, sino que posicionan a la nación como el nodo logístico indiscutible del istmo centroamericano. “Para avanzar en esta transformación, es indispensable la coordinación entre el sector público, los operadores portuarios y los usuarios del sistema, con una visión de largo plazo que responda a las necesidades del país y fortalezca su competitividad”, puntualiza Waleska Sterkel de Ortiz, directora Ejecutiva de AmCham Guatemala. • “ Se trataba de crear un mo delo sistémico co mo principio de coordinación público-público y público-priva do”. LEONEL MOLINA, director General de la Autoridad Designada del sistema Portuario Nacional. $400 Millones ofrece invertir APM Terminals Guatemala en Puerto Quet zal.
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