Revista El Economista Noviembre/diciembre 2026

afiliados fue de 115,927 (2.9%) en el mismo periodo. El tener una cuenta individual no garantiza que una persona esté acumulando ahorros de manera constante ni que al llegar a la edad de retiro reuna los requisitos para recibir una pensión. Mientras tanto, el estudio actuarial elaborado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) con asistencia del Fondo Monetario Internacional (FMI) y con información hasta diciembre de 2024, ofrece otra perspectiva: de los aproximadamente 2.1 millones de personas no jubiladas que tenían una cuenta en el Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP), sólo 1.1 millones realizaron al menos una contribución durante ese año. El documento detalla que únicamente el 36 % de los trabajadores de entre 20 y 55 años cotizó durante los 12 meses completos. La informalidad laboral es uno de los principales factores detrás de esta limitada cobertura. Un informe de la Federación Internacional de Administradoras de Fondos de Pensiones (FIAP), publicado en diciembre de 2025, estimó que el 70 % de los trabajadores salvadoreños no cotiza a la seguridad social. Esto coloca al país entre los que tienen mayores proporciones de trabajadores fuera del sistema previsional en América Latina, según la FIAP. Según un estudio elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) denominado “Repensar la jubilación. Los sistemas de pensiones en América Latina después del COVID-19”, después de la pandemia, el sistema de pensiones en El Salvador empeoró en diferentes vías, al reducirse 1.3% el número de cotizantes y también disminuyó en 14% la cantidad de cotizaciones mensuales. Las diferentes reformas aprobadas en los últimos años han modificado tasas de cotización, beneficios y creado cuentas como la de garantía solidaria, pero no ha presentado cambios para aumentar la cobertura previsional. Mientras la cobertura entre los trabajadores sigue siendo baja, las personas que reciben un beneficio previsional va en aumento. A diciembre de 2025, el país contabilizaba 239,495 pensionados, según el informe del BCR. Esto representa un incremento anual del 3.6 %. De ese total, el 65.3 % pertenecía al Sistema de Ahorro para Pensiones y el resto al Sistema Público de Pensiones. Además, no todos los beneficiarios reciben una jubilación por vejez. El 64.9 % corresponde a pensiones por vejez, el 33.6% a beneficios por sobrevivencia y el 1.5 % a pensiones por invalidez. Mientras, el sistema público, que administra el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) y la Unidad de Pensiones del ISSS, muestra que al cierre de 2025 tenía 83,002 pensionados y apenas 1,059 cotizantes, según la memoria de labores del ISP. Este régimen dejó de recibir nuevas afiliaciones cuando entró en funcionamiento el sistema privado en 1998. Sus obligaciones previsionales se financian mediante deuda emitida por el gobierno y que es adquirida principalmente por las AFP. Una nueva reforma El sistema previsional volverá a tener cambios en 2027. El Gobierno se comprometió con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a presentar una propuesta de reforma paramétrica de pensiones ante la Asamblea Legislativa antes de finalizar junio de 2027 y buscar su aprobación antes de terminar septiembre de ese año. La reforma busca fortalecer la sostenibilidad del sistema, debido a que la deuda de pensiones, acumulada desde 2006 hasta la fecha, asciende a más de $11,000 millones, lo que representa más del 30% de la deuda total y presiona las finanzas estatales. Aunque todavía no existe una propuesta pública con los cambios específicos que se harán, entre los parámetros que podrían revisarse están: la edad mínima de jubilación, los años mínimos de cotización y el porcentaje de aportación mensual de trabajadores y empleadores, según advierten economistas y expertos en el tema. Actualmente, la legislación establece una edad de retiro de 55 años para las mujeres y 60 para los hombres, además de un mínimo de 25 años de cotizaciones, continuas o discontinuas, para acceder a una pensión por vejez. La discusión también estará marcada por las obligaciones financieras que enfrenta el Estado. El Gobierno acordó con el FMI reconocer $2,329 millones en intereses acumulados de la deuda previsional correspondientes al período de abril de 2023 a abril de 2027, cuando vence el periodo de gracia derivado de una reforma administrativa. La próxima reforma no solo tendrá que responder a la presión financiera del sistema y a las obligaciones acumuladas por el Estado. También deberá enfrentar una pregunta de fondo: ¿cómo ampliar la cobertura previsional en un país donde la mayoría de los trabajadores todavía no está ahorrando para su jubilación?. • 4 .2 millones de afiliados a diciembre de 2025 El Economista www.eleconomista.net Noviembre - Diciembre 2026 • 37 23.7 % son los cotizantes efectivos, que ahorran regularmente en las AFP.

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