Revista El Economista / Septiembre 2026

•La inversión pública en infraestructura de Guatemala representa aproximadamente un 1.5% de PIB, distante del rango óptimo de entre 3% y 6%. Guatemala proyecta 10 obras clave para transformar su competitividad Se trata de un portafolio de inversión público-privada que suma unos $3,000 millones, para asegurar la continuidad del desarrollo de la infraestructura nacional. P OR : ENRIQUE CANAHUI • GUATEMALA La recién transformada Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), presentó en Guatemala, la denominada “Hoja de Ruta Económica y Portafolio Estratégico 2026-2036”, integrado por 10 proyectos de infraestructura. Entre sus objetivos está la articulación de un plan de nación diseñado para trascender los periodos gubernamentales y establecer una política de Estado de largo plazo. El reordenamiento de los mercados globales tras la reconfiguración de las cadenas de suministro ha cambiado las reglas del juego de la Inversión Extranjera Directa (IED). La competencia ya no se define únicamente por costos laborales bajos o incentivos fiscales. “La inversión mundial se reorganiza alrededor de la resiliencia, la cercanía y la confiabilidad operativa... Guatemala compite hoy por inversión que ya no busca solo costos bajos: busca certeza operativa y cercanía a Estados Unidos”, señala Juan Esteban Sánchez, director Ejecutivo de Invest Guatemala. La inversión pública en infraestructura del país centroamericano representa aproximadamente un 1.5% de PIB, distante del rango óptimo recomendado de entre 3% y 6%. Según estimaciones del sector privado, mantener el ritmo histórico de inversión implicaría demorar más de 100 años en cerrar el rezago vial, lo cual requeriría desembolsar más de $2,500 millones anuales (ocho veces la ejecución actual) y construir más de 2,000 kilómetros de carreteras por año. Frente a la imposibilidad de saldar este déficit mediante recursos fiscales exclusivos, el Estado guatemalteco aprobó la reforma a la Ley de Alianzas Público Privadas. Esta normativa transformó a la Agencia Nacional de Alianzas para el Desarrollo de la Infraestructura Económica (Anadie), en la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), otorgándole facultades rectoras para estructurar, licitar y supervisar contratos de ciclo completo (diseño, financiamiento, construcción, operación y mantenimiento). Entre las novedades del marco legal destaca la habilitación para que municipalidades y mancomunidades ejecuten proyectos sin requerir aprobación previa del Congreso de la República. Schafik Collazo, consultor internacional en estructuración de infraestructura, explica el cambio de paradigma financiero y explica que “hacer una cartera de proyectos es importante por M AC RO INVERSIÓN Y DESARROLLO 62 • El Economista www.eleconomista.net Septiembre - Octubre 2026 10 0 Años, demoraría cerrar el rezago vial en Guatemala. EL ECONOMISTA/ARCHIVO

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