Revista El Economista julio/agosto 2025

Financieras salvadoreñas se desaceleran Algunas de las instituciones financieras redujeron sus activos y créditos y fueron pocas las que tuvieron un alza respecto al cierre de 2023. Según analistas, los despidos en el sector público habrían influenciado, en parte, esta disminución. P OR : KAREN MOLINA • EL SALVADOR Los despidos masivos en el sector público que se dieron entre finales de 2024 e inicios de 2025 han incidido, en parte, en la contracción de las Instituciones Financieras No Bancarias Reguladas (IFNBR) en El Salvador, según la agencia crediticia Pacific Credit Rating (PCR). De acuerdo con Karina Montoya, gerente país de esta agencia, en 2024 y a mayo de 2025, se evidencia una contracción del -1% y -7%, respectivamente. “Esto ha impactado directamente la calidad de la cartera, elevando los niveles de morosidad y obligando a estas instituciones a endurecer sus criterios de otorgamiento crediticio”, sostuvo. Y es que, debido a que el gobierno ha iniciado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que implica un ajuste fiscal de 3.5%, ha tenido que recortar gastos comenzando por reducir el número de empleados públicos. Según datos del Ministerio de Hacienda, en un año el gobierno prescindió de al menos $14,000 empleados pasando de tener 175,783 a tener 161,453. Muchos de estos empleados son socios y clientes de estas instituciones financieras, lo que podría estar relacionado a la caída en activos, patrimonio y crédito. Su desaceleración también ocurre tras la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Superintendencia del Sistema Financiero de la Cooperativa Santa Victoria de R.L. (COSAVI), una cooperativa de ahorro y crédito no regulada, a la que se investiga por un desfalco de $35 millones en detrimento de los ahorrantes. No obstante, este evento no ha sido ligado directamente a la desaceleración de las financieras por las fuentes consultadas por El Economista. La agencia calificadora de riesgo Feller Rate explica, sin embargo, que a raíz de esta intervención, la Asamblea Legislativa aprobó en 2024 un paquete de cinco leyes que tienen por objetivo reforzar el control y la supervisión del sector cooperativo; estas nuevas disposiciones aún no han entrado en vigencia. Entre esas medidas se establecieron requisitos mínimos de capital y patrimonio técnico, límites al riesgo por concentración de crédito (máximo 30 % del patrimonio por deudor), facultades de intervención y disolución por parte de la SSF, restricciones a la distribución de intereses o excedentes sin respaldo contable y la obligatoriedad de contar con directivos capacitados y sin conflictos de interés. “Estas medidas buscan fortalecer la transparencia, solvencia y sostenibilidad del sector no bancario, alineándose con las mejores prácticas internacionales”, afirmó Alejandra Islas, Directora Senior de Instituciones Financieras. Para Islas el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión para las instituciones financieras no bancarias (IFNB) es una oportunidad para garantizar su sostenibilidad y la confianza del público en el sistema financiero. Por su parte Montoya destaca que en El Salvador, los bancos cooperativistas están sujetos a un marco regulatorio formal, que establece requisitos de supervisión y cumplimiento normativo equivalentes a los exigidos a la banca comercial. Este marco contempla controles en materia de liquidez, riesgo de crédito y solvencia, lo que contribuye a mantener estándares adecuados “D e s de nue st ra experiencia, incluso en esquemas de regulación robustos pue de n presentarse situaciones irregulares. Sin embargo, es precisamente a través de los mecanismos de supervis ió n existentes que estos casos son identificados”. KARINA MONTOYA, gerente país de PCR 300 cooperativas de ahorro y crédito están registradas, según el BCR. Sin embargo, no todas están reguladas por la SSF. 28 • El Economista www.eleconomista.net Julio - Agosto 2025 P ORTA DA RANKING IFNBR

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