El Economista Enero-Febrero 2025

Guatemala fortalece su legislación económica Ley de Infraestructura Prioritaria y Ley de Competencia vienen a sumar para una mayor certeza jurídica, algo que los inversionistas suelen requerir en primer plano. P OR : ENRIQUE CANAHUI • GUATEMALA En 2024 el Congreso de la República de Guatemala logró aprobar entre una gama de leyes importantes para el desarrollo económico nacional, tres que permiten ofrecer un clima adecuado para una mayor atracción de inversiones del país. En este ámbito, inicialmente, el Legislativo aprobó las reformas a la Ley de Tarjetas de Crédito, Decreto 2-2024; después la Ley de la Autoridad Portuaria Designada del Sistema Portuario, Decreto 26-2024; posteriormente, la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, Decreto 29-2024 y de último la Ley de Competencia, Decreto 32-2024. En el caso de la Ley de autoridad designada para el sistema portuario, viene a darle la oportunidad al gobierno de aprobar una ley necesaria para el país como lo es la ley de inversión portuaria. De acuerdo con Juan Carlos Zapata, director Ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo (Fundesa), hay que matizar que lo aprobado en el Decreto 26-2024 prácticamente es para temas de seguridad, pues se enfoca en mejorar todo lo que son inspecciones en puertos, lucha contra el narcotráfico, seguridad marítima o cumplimiento de las normas del Código PBIP, marco regulatorio que evalúa los riesgos y establece medidas preventivas para evitar que buques e instalaciones portuarias sean utilizadas como plataformas logísticas para cometer actos ilícitos deliberados. “Hace falta una ley para facilitar la inversión y eso es lo que la propia normativa aprobada mandata que, a partir de que sea publicada en el diario oficial, en un periodo de 120 días el Ejecutivo pueda presentar una iniciativa de este tipo”, puntualiza. Sin embargo, dice, es un primer paso hacia poder generar mejores procesos de inversión en el país. “La ley de infraestructura vial prioritaria, así como la reforma a la Ley de Anadie, la cual está pendiente; y una ley que permita inversiones en el sistema portuario nacional son urgentes”. La Ley de infraestructura vial prioritaria, permite trabajar en como poder generar mejores procesos hacia la inversión en carreteras por lo que, las reformas a la Ley de Anadie, ayudarían a que haya más alianzas público privadas en el país, asegura. La normativa en la que se priorizan alrededor de 18 proyectos de rehabilitación, ampliación mantenimiento y conservación de la red de infraestructura vial, entró en vigencia el pasado 3 de enero, para lo cual, ya en el Presupuesto General de ingresos y egresos de la nación para el periodo 2025, se cuenta con la aprobación para los recursos correspondientes. De hecho, en una reunión con funcionarios y empresarios de M AC RO ATRACCIÓN DE INVERSIONES 46 • El Economista www.eleconomista.net Enero - Febrero 2025 18 proyectos de rehabilitación de la red de infraestructura vial se harán por la nueva normativa.

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