El Economista www.eleconomista.net Enero - Febrero 2024 • 45 Bernardo Arévalo juró en los primeros minutos del 15 de enero como presidente de Guatemala, en una jornada marcada por protestas ciudadanas ante el retraso del cambio de mando (que duró más de 10 horas) y que puso fin a varios meses de tensiones y acciones de la Fiscalía para retirarle la inmunidad en lo que muchos vieron un intento de evitar que asumiera el poder. “En este día trascendental, avanzamos por el camino que muchos hemos labrado con el esfuerzo”, arrancó su primer discurso como presidente. El cambio de mando, defendió Arévalo, evidencia que la democracia de Guatemala “tiene la fortaleza suficiente para resistir” y que se puede “transformar el panorama político” del país. Mencionó en sus primeras palabras tras la investidura que “este honor es el fruto de la confianza esperanzada que los guatemaltecos han depositado en nuestro proyecto” y “un compromiso que asumimos con humildad y determinación, conscientes de la responsabilidad”. Al grito de “sí se pudo” del público, Arévalo —que ganó las elecciones en agosto pasado con un respaldo popular de más del 60%— tomó posesión del cargo tras un significativo retraso por la dilación del Congreso saliente con las nuevas autoridades, como nunca había ocurrido hasta ahora en el país. Dijo que es gracias “a los jóvenes de Guatemala que no perdieron la esperanza que hoy puedo hablarle desde este podio” y gracias “a las familias que confiaron” y “al liderazgo ancestral”, subrayando que es “consciente de las deudas históricas que debemos resolver” ante los pueblos indígenas. Cuesta arriba La llegada de Arévalo y Karin Herrera Aguilar, como vicepresidenta para el período 2024-2027, ha sido una vía cuesta arriba. Su camino, desde que era un candidato al que las EUA acusa de corrupción a expresidente Giammattei Al cierre de esta edición Estados Unidos anunció que prohíbe la entrada a ese país al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, por considerar que ha incurrido en actos de corrupción. El Departamento de Estado informó en un comunicado que tiene “información creíble” que indica que Giammattei recibió sobornos durante su mandato, lo que socavó el Estado de derecho y la transparencia gubernamental. Giammattei entegó el poder en la madrugada del 15 de enero al Congreso que luego invistió como nuevo presidente a Bernardo Arévalo, que desde su triunfo en agosto del 2023 enfrentó una andanada de recursos judiciales. La Fiscalía, cercana al anterior gobierno, intentó retirarle la inmunidad hasta en tres ocasiones, lo que fue interpretado como un intento de evitar que asumiera el poder. La sanción contra Giammattei ocurrió unas horas después de que el gobierno de Joe Biden también anunciara una medida similar contra Alberto Pimentel Mata, exministro de Energía de Guatemala, que habría utilizado su puesto para obtener sobornos provenientes del sector minero a cambio de facilitar contratos gubernamentales y licencias. El exmandatario dejó el cargo en medio de una grave crisis política en el país que la comunidad internacional cuestionó como un debilitamiento del sistema democrático impulsado desde la fiscalía, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, que fue nombrada por Giammattei. Durante su administración fueron presentadas varias denuncias públicas contra su gobierno, especialmente por la opacidad en la compra de vacunas rusas para atender la emergencia del Covid-19. Otro de los casos denunciado fue que el expresidente habría recibido supuestos sobornos por parte de empresarios rusos por millones de dólares, a cambio de apoyo para operaciones de mineras en el país. Giammattei llegó a ser presidente en 2020, después de haberlo intentado por casi dos décadas. Durante su gobierno se debilitó la lucha anticorrupción y decenas de operadores de justicia tuvieron que salir al exilio denunciando criminalización por su lucha anticorrupción. El Departamento de Estado estadounidense señaló que, en los últimos tres años, el gobierno de Biden ha impuesto restricciones de visas o sanciones a cerca de 400 guatemaltecos, incluidos servidores públicos, empresarios y sus familiares que estuvieron involucrados en actividades de corrupción o que intentaron debilitar la democracia en el país centroamericano. Agencias/AP
RkJQdWJsaXNoZXIy MjgyMTE=