bilidades para ir a segunda vuelta, para entonces mantenían unas impugnaciones. En el caso de Ríos por el impedimento contenido en el artículo 186 de la Constitución Política de la República, por ser descendiente de un golpista; y en el caso de Torres, porque su vice presidenciable fue ministro de culto. En el caso de Mulet, quien, si bien está inscrito, había en proceso un amparo en su contra por parte el Ministerio Público. De acuerdo con lo observado, lo que se aprecia es que la decisión de quien participa y quién no, es de índole política y no jurídica, detallan los analistas. “Lamentablemente la decisión, terminan tomándola siete magistrados de la corte y no los cinco o seis millones de personas que lleguen a votar. La pregunta es, qué vamos a hacer para que eso sea sostenible con los años. Porque si el sistema sigue echando afuera a personas que representan otro tipo de ideología, un día, eso se puede llegar a revertir”, advierte Rodolfo Mendoza, analista y director estratégico de la agencia Diestra, en sus exposiciones en foros relacionados con el tema electoral. En ese contexto, el presidente de el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), Hermann Girón, en un comunicado hizo ver que “todos los actores del proceso electoral, y particularmente los candidatos, necesitan reglas claras y certeza jurídica. Es imperativo que las altas cortes del país resuelvan conforme a Derecho, a fin de enviar un mensaje de transparencia; asimismo, mientras más rápido se resuelvan estos litigios, la información esencial de la campaña política será más accesible para los guatemaltecos, quienes buscan ejercer su voto de manera informada”. El problema en materia electoral es que, el país está a las puertas de grandes decisiones que deben de tomarse para aprovechar toda la configuración de la economía global. Mucho de esto no es nuevo, como la necesidad de grandes inversiones en infraestructura productiva, regulaciones en el marco normativo. Refinar políticas específicas, como las de protección social, todo lo que tiene que ver con seguridad alimentaria, salud, nutrición, educación y, el marco de incentivos que permite transformar productivamente al país. “Si este proceso termina siendo una campaña de descalificación y polarización, no sólo se habrá perdido la oportunidad de liderar acerca del modelo de desarrollo, sino, probablemente a futuro, se complique más ese tipo de decisiones según la legitimidad de quien resulte electo”, subraya Hugo Maúl, presidente del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN). A nivel de instituciones, se confirma la necesidad de que los candidatos hagan suya la agenda de inversiones en infraestructura pública productiva como los sistemas de riego, tanto a nivel de la red vial y la necesidad de ampliar la misma, así como en puertos y aeropuertos y, otra prioridad como lo es la seguridad y certeza jurídica para asegurar las inversiones que se establezcan en el país, como parte de las oportunidades que ofrecen el nearshoring. “Es preciso que, en este proceso electoral, se debatan a profundidad las acciones y, en lugar de ser promesas populistas, se centren en estas dos prioridades que van efectivamente a mejorar la economía del país de tal manera que, lo podamos sentir no solamente a nivel macroeconómico, sino también en lo que cada persona tiene en el bolsillo para poder vivir todos los días”, comparte Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro. • El Economista www.eleconomista.net Abril - Mayo 2023 • 27 61 .4% fue la abstención en los comicios presidenciales de 2 0 1 9.
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