75 Especial El Economista Legal Centroamérica exige encarar nuevos retos en la asesoría legal. Uno de los temas que han protagonizado titulares en las últimas semanas es el lavado de dinero. En cuanto a la normativa, un artículo del Banco Interame- ricano de Desarrollo (BID) ex- plica que la comunidad inter- nacional reconoce cada vez más que la adopción de leyes, regulaciones y mecanismos para recoger e intercambiar in- formación sobre los beneficia- rios finales es indispensable para combatir la evasión fiscal, el lavado de activos, la co- rrupción y el financiamiento del terrorismo. Los estándares más acep- tados, los del Grupo de Acción Financiera y los de la Or- ganización para la Coopera- ción y el Desarrollo Econó- micos (OCDE) de transpa- rencia fiscal, requieren que los países establezcan crite- rios para definir adecuada- mente a los beneficiarios fi- nales y mecanismos para que las entidades responsables puedan acceder a esta in- formación debidamente. El BID señala: “en América Latina y el Caribe, la regulación en la materia de identificación de beneficiarios finales es muy dispar. Aunque la mayoría de los países tiene alguna norma al respecto, las definiciones le- gales varían mucho de país a país y no siempre cumplen con los estándares internacionales. En general, se puede afirmar que todos los países tienen miembro del Consejo Regio- nal de Arias agrega: “estima- mos que es un reto el de- sarrollo de negocios limitado a contacto virtual, para cualquier sector. Mantener el nivel de calidad a precios competitivos también es un reto con el sur- gimiento de nuevas firmas o alianzas de firmas regionales”. Por su parte, el presidente de Sáenz & Asociados, Mario Enrique Sáenz, comenta la ne- cesidad de una perenne ca- pacitación de los abogados, debido a la emisión continua de nuevas normativas, incluso, cuya cantidad se disparó du- rante la emergencia de forma generalizada en la región. Valdez Tamayo matiza la necesidad de que la calidad del servicio legal sea valo- rado por encima del precio a fin de demostrar que una asesoría de calidad vale mu- chísimo pues evita el riesgo de costos que implica una asesoría imprecisa. En el contexto que pre- valece en la región, donde im- pera la incertidumbre, tantopor la pandemia, como por situa- ciones políticas e instituciona- les, así como por no saber el rumbo de la economía de los países, Valdez Tamaño señala: “con más razón el gremio de abogados debemos apegar- nos a las leyes y aplicarlas de forma correcta y ética. Es un gran desafío porque a través de prestación de servicio pro- fesional es que se puede ir cerrando un poco la incerti- dumbre que hay en la región”. espacios para mejorar su nor- mativa y su cumplimiento”. La cantidad de dinero pro- veniente del delito y la co- rrupción que se lava en so- ciedades fantasma se sitúa en- tre 2 % y el 5 % del PIB mundial cada año, señala el BID, lo que significa aproxi- madamente entre $800 bi- llones y $2 trillones. El Panel de Alto Nivel sobre Responsabilidad, Transparen- cia e Integridad Financieras In- ternacionales para Lograr la Agenda 2030 (Panel FACTI), establecido por autoridades de la Organización de las Na- ciones Unidas, detalla en un informe que los gobiernos no logran ponerse de acuerdo so- bre el problema o la solución, mientras que enormes sumas de recursos que podrían ayu- dar a los pobres del mundo se están drenando debido a los abusos fiscales, la corrupción y los delitos financieros. Las estimaciones publica- das por este Panel incluyen: pérdidas anuales de $500 mil millones para los gobiernos de- bido a la transferencia de lucros por parte de empresas; $7 bi- llones en fortunas privadas es- condidas en paraísos fiscales y 10% del PIB mundial en ac- tivos financieros offshore. En el contexto de preven- ción de lavado de dinero, el socio de la firma salvadoreña BenjamínValdez&Asociados, Benjamín M. Valdez Tamayo, explica que las empresas tie- nen que estar seguras, y hasta cierto punto, garantizar que el dinero que pasa a través de ellas no proviene de actos ilí- citos. En ese sentido, los abo- gados tienen el reto de co- nocer la normativa y las obli- gaciones para asesorar y apo- yar a sus clientes para el de- sarrollo de los procesos co- rrectos contra lavado de di- nero, desde la capacitación a personas designadas y oficia- les de cumplimiento hasta la elaboración de recopilación de documentación que requieren tener para conocer sus clientes y proveedores. Aparte de la emergencia por la pandemia, las nuevas leyes aprobadas, los fenóme- nos institucionales, desafía a los profesionales del derecho. Carolina Flores, socia y “EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, LA REGULACIÓN EN LA MATERIA DE IDENTIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS FINALES ES MUY DISPAR. AUNQUE LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES TIENE ALGUNA NORMA AL RESPECTO, LAS DEFINICIONES LEGALES VARÍAN MUCHO DE PAÍS A PAÍS Y NO SIEMPRE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES INTERNACIONALES. EN GENERAL, SE PUEDE AFIRMAR QUE TODOS LOS PAÍSES TIENEN ESPACIOS PARA MEJORAR SU NORMATIVA Y SU CUMPLIMIENTO”. Banco Interamericano de Desarrollo (BID) PRESIDENTEDELGRUPOLPG: JOSÉROBERTODUTRIZ / GERENTEDEREDACCIÓN: CHRISTIANVILLATLA / GERENTEEDITORIALDEELECONOMISTA: ALFREDOHERNÁNDEZCANALES / EDICIÓN: IRMACANTIZZANO / REDACCIÓN: KARLACHINCHILLA /DISEÑO: JAIMEMONTANO / JEFEDEFOTOGRAFÍA: VLADIMIRLARA / EDITORDEFOTOGRAFÍA: FÉLIXAMAYA / GERENTECOMERCIAL: MARGARITAGEOFFROY TEL. (503)2241-2920 / CORREO ELECTRÓNICO:
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