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a era de la inteligencia en
red está cambiando el es-
píritu empresarial y el or-
den económico mundial. Y
para su funcionamiento
tiene dos pilares sobre los cuales erige
un enorme potencial de desarrollo: co-
laboración y transparencia.
Ese fue el mensaje central que el
gurú estadounidense de las redes, Don
Tapscott, transmitió a las cámaras de
comercio de Colombia en su reciente
asamblea anual.
El mensaje fue muy bien asimilado.
A partir de 2012, estas entidades con-
vertirán su red empresarial en la pla-
taforma virtual de seguimiento a los
proyectos de desarrollo regional, que se
adelantarán con los recursos del Sis-
tema Nacional de Regalías.
La innovación permanente y el es-
píritu empresarial en esta era de las
redes es lo que Tapscott define como la
wikieconomía. El experto sostiene que
el empresario de hoy no debe prescindir
de las enormes ventajas que le confieren
las redes, donde puede obtener in-
formación, conocimientos y experien-
cias que antes estaban lejos de su alcance.
Tapscott asesora a la Confederación Colombiana de Cá-
maras de Comercio (Confecámaras) en el montaje de una red
sin antecedentes en el país, pues servirá para controlar el
adecuado uso de los dineros públicos, dándole a los proyectos
regionales un aire de transparencia del que tradicionalmente
han carecido y que ha favorecido a la corrupción.
“Es una plataforma de información que generará bien
público mediante la eficiente inversión de los dineros”, como la
define Julián Domínguez, presidente de Confecámaras.
En Colombia se conoce como regalías a las participaciones
que el Estado recibe de las empresas que explotan recursos
naturales no renovables. Hasta este año, el Estado transfería
esos dineros solo a losmunicipios en cuyas áreas se localizan los
recursos que se explotan, sean petroleros o mineros. Pero a
partir del próximo año entrará a regir la ley que cambió el
criterio de repartición, de tal manera que todos los municipios
serán beneficiados.
Una ayuda nada despreciable, ya que para 2012 el Gobierno
calcula que las regiones recibirán $5,000 millones, una suma
que, de ser correctamente administrada, puede dar lugar a
importantes proyectos regionales en materia de servicios
públicos, educación, salud, vivienda o infraestructura vial.
El cambio en el patrón de repartición obedeció a la idea del
Gobierno de que los recursos naturales son de todo el país y no
solo de la zona que tuvo la suerte de que en su suelo se
encontrase un pozo petrolero o un yacimiento minero.
“Dejan de ser dineros de unos pocos municipios y pasan a
una bolsa común para ser distribuidas entre todas las
regiones del país”, explicó el ministro de Hacienda, Juan
Carlos Echeverry, cuando sometió el proyecto de ley al
Congreso, en junio pasado.
Pero, además, se busca evitar el problema más común del
que ha adolecido la asignación de dichos fondos: la corrupción.
Puesto que tradicionalmente se entregaron a los gobiernos
municipales para desarrollar proyectos propios, estos ter-
minaron por convertirse en un mecanismo por el cual los
alcaldes favorecían a sus empresarios amigos o desarrollaban
proyectos con costos inflados artificialmente.
Así se construyeron obras suntuosas en municipios pobres
cuyas prioridades eran otras, o se levantaron edificaciones que
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